lunes, 4 de julio de 2011

Política Forestal y tal

... una política útil debe proporcionar orientaciones y trazar una dirección que es preciso seguir durante un cierto lapso de tiempo. La población suele quejarse de que el gobierno central, un ministerio, o las partes interesadas «carecen de una política» cuando las decisiones se toman en función de la contingencia de los acontecimientos o cuando estas son incoherentes o contradictorias. En virtud de una política se pretende guiar y determinar las decisiones y acciones presentes y futuras.

Una política forestal nacional no ha de ser impuesta unilateralmente por el gobierno. Teóricamente, consiste en un acuerdo pactado entre organismos que representan diferentes intereses forestales y que ha sido adoptado oficialmente por el gobierno. Es crucial, por tanto, saber quiénes participarán en la elaboración de la política ya que su selección influirá en los intereses que se tomarán en consideración.

Tal y como observa Byron (2006), resulta difícil imaginar una política forestal nacional pertinente y útil que no esté firmemente arraigada en las aspiraciones más amplias de la sociedad. Por consiguiente, las políticas forestales nacionales deben abarcar no sólo los asuntos que incumben a la administración forestal y a sus órganos, sino contribuir también a la realización de las políticas generales, principalmente las de desarrollo nacional o las estrategias relacionadas con la economía y la pobreza.

Habida cuenta de que se trata de un acuerdo pactado entre el gobierno y las partes interesadas, una política forestal nacional es un cuerpo normativo refrendado y ejecutado tanto por el gobierno, a través de instrumentos jurídicos, económicos y de información, como por otras partes interesadas que, con este fin, se valen de los medios de que disponen. En virtud del apoyo gubernamental, una política forestal nacional formal retrata, en última instancia, la posición oficial del gobierno y constituye una declaración explícita de las metas y los objetivos del país. La política se hace pública para que todas las partes estén al corriente de las orientaciones establecidas y los resultados que se pretende conseguir.


Si diferentes agentes persiguen cada cual sus propios intereses y cambian  frecuentemente de rumbo, es poco probable que se alcancen las metas más amplias  o los objetivos a largo plazo. Por eso, hay buenas razones para elaborar y utilizar colectivamente una política forestal concordada (...)


En una política forestal se formula una visión o una meta amplia y una dirección a largo plazo acerca de los bosques y su aprovechamiento, pero en general no se especifican en detalle los instrumentos o prácticas necesarios para su ejecución. Un instrumento esencial para aplicar la política forestal es la legislación forestal.
Algunos países no disponen de una declaración de política forestal y consideran que es la legislación la que contiene o expresa la «política» y proporciona el marco fundamental que guía la acción del gobierno. Sin embargo, el propósito primordial de una legislación es la distribución y el cumplimiento de los derechos y responsabilidades relacionados con los bosques, y no el establecimiento de una visión, meta o estrategia acordada.





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